Escribe: Feliciano Padilla
INSTALACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Finalmente, con fecha 18 de agosto, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidido por Ollanta Humala, empezó a dar muestras de que, en adelante, se tomarán medidas serias contra la inseguridad que caracteriza la vida cotidiana de la sociedad peruana, y particularmente, de Lima y otras ciudades cosmopolitas, donde la delincuencia se ha acentuado de modo insoportable. La ciudadanía venía pidiendo a gritos una actitud firme ante a tantas atrocidades que los criminales cometen en contra de la vida, salud y bienes de los peruanos. Entonces, las medidas dadas a conocer no se refieren solo a la conducta criminal de la gente del pueblo, sino, también, a la de los delincuentes de “saco y corbata” que se encuentran aún libres o gozando de privilegios en los centros penitenciarios.
LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA ENFRENTAN CUATRO ASPECTOS BÁSICOS:
Las medidas dadas a conocer están centradas en cuatro temas: el mejoramiento de las normativas existentes para frenar la delincuencia, la reforma carcelaria, la reforma policial que incluye la reorganización de los centros de formación policial y una acción más firme del Poder Judicial que, últimamente, ha dado muestras de no ir por buen camino. No se olvide que, el Poder Judicial y el Congreso han merecido la mayor reprobación de la ciudadanía. Guardamos la esperanza de que mejoren su imagen institucional con hechos y no solo con bravatas y recusaciones, como seguro va a suceder por tratarse de los poderes más importantes del Estado.
LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES:
Rescatamos el significado social que tienen algunas medidas. Se ha hablado de una lucha frontal contra la corrupción. Ojalá sea así y se logre aminorar esta lacra que corroe la piel social del país. Los “faenones” y todo tipo de actos de corrupción deben ser combatidos por la sociedad. Otorgar un premio pecuniario a los ciudadanos que denuncien con pruebas fehacientes a los funcionarios o a cualquier servidor del Estado, puede convertirse en una estrategia eficaz para luchar contra la corrupción. Que los corruptos que están en las cárceles sean juzgados con mano firme, que los que todavía andan libres sean procesados sin ningún miramiento ni compromiso político. Ollanta ha dicho que la ley se aplicará con justicia a todos los que han cometido actos dolosos, aunque sean familiares o amigos. Esperamos que se cumpla.
Se escuchó que reorganizará el Ministerio del Interior. Buena medida, porque ahí se encuentra la “madre del cordero”. Desde este sector se dan las políticas para materializar la lucha contra la criminalidad. El presidente Ollanta ha declarado que en este aspecto se comenzará con la evaluación de los altos mandos policiales; particularmente, con la evaluación de los generales a fin de que en los puestos claves estén los profesionales con los perfiles que la lucha contra la delincuencia exige. Paralelamente se tendrá bajo control estricto a todo el sistema policial.
Otro aspecto importante es que se criminalizará el uso de las armas de fuego. En Lima, los criminales de “alto vuelo” se organizan sobre la base de armas de guerra de las más sofisticadas. Es inconcebible, pero, ¿cómo las consiguen? Hay que ir a las fuentes de provisión y no solo castigar a las personas que las posean. En la ciudad capital, cualquier adolescente pandillero tiene un arma y asesina cuando quiere y a cualquier hora. Pues, ahora, se ha dado medidas drásticas y mucho más, para aquellos que toquen o asesinen a niños y adolescentes.
El Presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín ha prometido trabajar para que las leyes se cumplan con más severidad. Se harán investigaciones en casos flagrantes de corrupción que tienen que ver con la libertad sospechosa de avezados delincuentes en tiempos realmente escandalosos. La policía actúa y detiene a los criminales con pruebas irrefutables, pasan al poder judicial y en esa dependencia, los delincuentes logran su libertad de modo increíble, seguramente, aprovechando algunos vacíos legales. El presidente del Poder Judicial ha prometido que eso debe cambiar. Se han mencionado más medidas que se complementan con las que hemos comentado y que en el fondo se orientan a cumplir el mismo propósito
ESTAS MEDIDAS NO SERÁN FACTIBLES SI EL CONGRESO NO ACTÚA INMEDIATAMANTE:
La sociedad requiere que estos lineamientos de política a favor de la seguridad ciudadana sean normadas y reglamentadas rápidamente por leyes que tienen que ser dadas por el Congreso de la República. Si hay normas al respecto, como dicen los jurisconsultos, hay que mejorarlas y, en otros casos, crearlas para afrontar los nuevos desafíos de manera más drástica. Esa es una de las funciones básicas del Congreso, el que debe legislar con oportunidad y severidad.
REACCIONES MÁS DESTACABLES:
La ciudadanía ha mostrado inmediatamente su conformidad y simpatía generalizada. Eran medidas que se esperaban tal como el presidente Ollanta las había prometido en la campaña electoral. Algunos comentaristas manifestaron que se está actuando con “mano militari”, pero no han cuestionado la actitud “fuerte” del Consejo de Seguridad. Tanto empresarios, ciudadanos de a pie, dirigentes de derecha e izquierda, parlamentarios de todas las bancadas, intelectuales, juristas, etc., han destacado la importancia y oportunidad de estos lineamientos de política. Sin embargo ha sido penosa y ridícula la actuación del comentarista de deportes Alberto Beingolea, hoy presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. En el programa televisado “A primera Hora” de Frecuencia Latina, conducido por Jéssica Tapia y Mario Saldaña, este congresista ha minimizado las medidas dadas a conocer por Ollanta Humala indicando que ha hablado para la platea, en vista de que solo se ha referido a generalidades sin decir cómo se van a hacer las “cosas”, con qué y bajo qué circunstancias. No sé si Beingolea conozca las leyes plenamente. Decir cómo se van a hacer las “cosas” sería volver al uso desmedido de los Decretos Supremos utilizados por Alan García, durante cuyo período el Congreso renunció vergonzosamente a su labor legislativa. Señor Beingolea, su posición y sus deslices en este programa del día 19 de agosto ha sido generada por su política de oposición ciega a la labor del Ejecutivo o por su ignorancia. No existe otra posibilidad. El Congreso al cual pertenece Ud. sebe cumplir con esa tarea ya mismo y; recuerde que Ud. es presidente de la Comisión de Justicia.
SE ATACAN LOS EFECTOS, PERO AÚN NO LAS CAUSAS:
Las medidas dadas a conocer el día viernes 19 son todavía acciones rápidas contra los efectos de un fenómeno social muy complejo y vasto. Las causas de la criminalidad son económico-sociales; se sostienen en la pobreza extrema, en la exclusión social y económica, en la falta de oportunidades de educación y trabajo para todos los peruanos. Por tanto, la lucha contra la delincuencia tiene que ir de la mano con la voluntad de solucionar poco a poco los problemas económico- sociales.
La corrupción es otro problema porque se registra mayormente en gente muy educada y con altos índices de riqueza que han ocupado y ocupan altos y medianos cargos de funcionarios. Son gente que se ha aprovechado del poder para llevarse millones de dólares en beneficio propio. La lucha contra la corrupción tiene su propia naturaleza y procedimiento. Lo anterior se refiere solamente a la lucha contra la delincuencia común.
Sin embargo, a pesar de que las causas merecerán un proceso prolongado de tratamiento, las medidas dadas a conocer son importantes y gozan de aceptabilidad generalizada por tratarse de acciones de emergencia contra la criminalidad. Tenía que comenzarse ya mismo y eso está bien. Estos problemas deberán enfrentarse de manera integral con la participación de todos los poderes del Estado, de los Municipios, instituciones y ciudadanía en general.
GUERRA CONTRA LA DELINCUENCIA COMÚN:
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en la práctica, le ha declarado la guerra a la delincuencia y, todo parece indicar que los criminales la han aceptado. Desde ayer mismo están operando con más saña y ferocidad. Quieren demostrar quién es quién, quién asusta a quién. Tengo la sospecha de que se nos vienen tiempos difíciles que habrá que afrontar con decisión y sin bajar la guardia.
Finalmente, es cierto que se requerirá más presupuesto para mejorar la tecnología de la policía, sus remuneraciones y la calidad de sus servicios. Ollanta ha dicho: “muchas veces una actuación equivocada de los jueces y policías es más dañina y delincuencial que las que cometen los propios criminales”. La experiencia nos confirma esta aserción. Dentro de estas preocupaciones también están los hechos referidos a que los centros de reclusión serán insuficientes y el dinero que se requiera para alimentar a los delincuentes también deberá ser mayor. Hay una serie de problemas derivados de estas medidas, pero todo irá solucionándose poco a poco. Por algún sitio tenía que empezarse la lucha por la seguridad ciudadana. Ojalá todos la comprendamos así.
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