Escribe: Feliciano Padilla
Los aymaras de la zona sur de la región Puno vivían, hasta hace unos años, en armoniosa relación con sus paisanos de la ciudad de Puno y, bajo una relación asimétrica con el Estado, en tanto que, desde siempre recibió de él, exclusión y discriminación social y económica; sin embargo, un día el gobierno, contraviniendo sus propias leyes, otorgó la “famosa” concesión a la minera canadiense Santa Ana para que explore y explote la preciada plata y otros minerales escondidos en las montañas de Yunguyo, Zepita, Pomata, Huacullani y el Apu Qapía.
El artículo 71 de la Constitución del Estado, en el segundo párrafo del Capítulo III, de la propiedad, dice literalmente: “… Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad”. ¿Y qué pasó? Esta concesión se encuentra a mucho menos de lo que indica la Carta Magna, casi en los límites entre el Perú y Bolivia. Si es así, dicha concesión es inconstitucional. Y esa es la madre del cordero.
Es más, la concesión transgrede el Convenio OIT 169 que el Perú ha suscrito con la OIT, por cuyo mandato antes de otorgar concesiones mineras en tierras de las comunidades indígenas, el gobierno debe realizar la consulta necesaria a estas poblaciones, de manera que se preserve el medio ambiente y el espacio donde los indígenas crean y recrean su riquísima cultura. Ese es el punto.
Amparados por la Constitución y en el hecho de que hay jurisprudencia al respeto, por existir una resolución emitida anteriormente por el Tribunal Constitucional, en condiciones similares, favoreciendo a otras comunidades indígenas, los aymaras de la zona sur de Puno, se levantaron en una huelga que incluyó movilización permanente y bloqueo de carreteras, al principio y durante unos diez días. Luego, se produjo la toma de ciudad de Puno desde el lunes 23 de mayo, exigiendo al Presidente de la República el retiro de la Minera Santa Ana y la declaratoria del cerro Qapía como zona de reserva o patrimonio. Puede decirse que, en concreto, las exigencias de los aymaras se reducen a estos dos puntos, considerando que la derogatoria del Decreto Supremo al que alude el pliego está involucrada en los dos pedidos antes señalados.
Ante el fracaso del diálogo establecido en la semana anterior entre una “Comisión de Alto Nivel” y los dirigentes de las comunidades aymaras, éstos solicitaron que se realice otro diálogo sincero y franco con los representantes del gobierno. Es así que el miércoles 25 por la noche hubo de realizarse nuevamente dicho diálogo en el cuartel de Juliaca, el mismo que contó con la mediación inteligente del General Andía. Desgraciadamente, resultó que la “Comisión de Alto Nivel” no era siquiera de mediano nivel debido a que no tenía facultades para resolver la exigencia de los aymaras. A pesar de que el diálogo duró hasta las tres y media de la madrugada, las conversaciones fracasaron y terminaron con un dolor tremendo en el corazón de nuestros hermanos comuneros. Fue una burla, una treta para dilatar la solución del problema.
¿Qué pasó para que el jueves 26 los aymaras hicieran una protesta tan violenta que acabó con los desmanes por todos conocido? ¿Estaba en sus corazones y en sus cerebros el deseo de asaltar e incendiar las propiedades públicas y privadas? No podemos responder con seguridad a estas preguntas. Requieren un estudio antropológico, político, histórico y sociológico. La ciudad se comportó afectuosa y comprensiva. No los rechazó; por el contrario, ciudadanos de todos los sectores sacaron comunicados apoyando el paro de los aymaras y exigiendo para que el gobierno solucione este problema lo más pronto posible; pero, la ciudad ha quedado ahora deteriorada, herida, como después de una guerra.
¿Ha sido el fracaso del diálogo un detonante que provocó la explosión de esa rabia contenida durante más de cinco siglos? Creo que puede ser un factor, pero aquí hay que estudiar los elementos de su cultura, sus costumbres y su actitud para casos semejantes durante la época del coloniaje y la historia de la República. La penetración del capital y el proceso de modernización en sus territorios nunca han podido convertir a los aymaras en aculturados. Los aymaras siguen siendo aymaras así vivan en Lima, Arequipa, Tacna, New York, o París.
Hoy viernes 27, a eso de las cuatro de la tarde, luego de una asamblea en toda la costanera, los aymaras han abandonado la ciudad y retornado a sus comunidades, dejando a las autoridades políticas y militares el encargo de que promuevan el cumplimiento del diálogo. No han renunciado a su derecho al diálogo y, por el contrario, han dejado establecido que harán reuniones en sus zonas para regresar a la ciudad capital en la semana siguiente.
La ciudad de Puno, en general, ha responsabilizado de estos hechos al gobierno central, en la persona del Presidente de la República, sin dejar de rechazar los desmanes cometidos este jueves negro, los mismos que generaron pánico y dolor. Pánico, debido al miedo que se sintió, exacerbado por la llamarada y el humo que cubrieron el cielo de Puno. Y dolor porque nuestros hermanos no fueron escuchados por Alan García y porque, lamentablemente, se estaba manchando con estos excesos la justa lucha de los aymaras.
Ahora, esperamos que el Gobierno Regional, los parlamentarios a quienes no se les vio durante la semana, los alcaldes de los distritos y provincias afectadas, el alcalde de Puno, los colegios profesionales, los dirigentes de las organizaciones populares y sindicales, conformen una coordinadora u organismo similar, que gestione en Lima la realización de un diálogo real entre dirigentes de las comunidades aymaras declaradas en movilización por la solución de sus reclamos y una Comisión de Alto Nivel constituida por la Premier y los ministros respectivos. Exigimos que esto sea lo más pronto posible antes de que la lucha se irradie a otras latitudes.
