Escribe: Feliciano Padilla
El miércoles 25, en la “columna del director”, Aldo, director de Correo, por medio de un “suelto” para el recuerdo, con el título atemorizante de “Cuidado”, realmente en un ejemplo de cómo no debe escribirse artículos (ni siquiera los sueltos sin importancia), desliza una seria de disparates al referirse a la lucha de los aymaras. Empieza diciendo: “No quiero ser mal pensado…” Aldito, tú nunca has pensado bien. De tu cerebro corroído por las prebendas solo han aflorado (pido perdón a la palabra flor) estupideces, mentiras, absurdos.
Coincidiendo con Alan García, Aldo manifiesta que la lucha de los aymaras en Puno, por ser frontera con la Bolivia chavista de Evo Morales, estaría relacionada con torvos preparativos en el sur para enturbiar las elecciones en caso de que la candidatura de Ollanta Humala no sea exitosa, que terminarían en asonadas callejeras contra el poder, apoyadas por una promoción de militares.
Quisiéramos decirle a Aldito (no escribo su apellido por no manchar el prestigio del “Amauta”) que, como siempre, está equivocado de cabo a rabo. Alan García, su guía y mentor, ha dicho que huele un tufillo electoral en la lucha de los aymaras y que los dirigentes estarían trayendo campesinos de “otros lugares”. Aldito no hace más que repetir tales impertinencias. No existe gente de otras zonas; los aymaras no necesitan ser manipulados ni permiten gente extraña en sus filas cuando emprenden luchas como las que nos tienen acostumbrados. El ejército y la PNP saben que lo que digo es verdad. Ni siquiera nosotros, sus paisanos que vivimos en la ciudad, podemos compartir fácilmente sus costumbres y todos los elementos de su riquísima cultura. Detrás de esta movilización no está Ollanta Humala ni ningún dirigente de la ciudad. Están las comunidades aymaras conducidas por sus propios dirigentes.
La página editorial de marras dice, además, que la lucha de los aymaras busca “muertitos” para provocar un “Locumbazo” o “Andahuaylazo”. Ojalá no pase eso que piensa el director de Correo, pero, si finalmente hay alguna masacre es responsabilidad del gobierno que, con excusas rebatibles desde todo punto de vista, no solucionó a tiempo el retiro de la concesión a la Minera Santa Ana. ¿Está esperando que haya “muertitos” (como dice Aldito) para iniciar un diálogo franco y dar solución al problema? ¿Está esperando el gobierno lo que sucedió en Bagua o Tía María para recién solucionar el problema? Esa es una gran responsabilidad que el gobierno carga sobre sí, y no más.
¿Quién paga esos camiones y quién alimenta a miles de manifestantes?, se pregunta el editorialista. No conoce, Aldito, la nación aymara. Estas poblaciones que son las mayoritarias en la Región de Puno, son autosuficientes, practican valores como la reciprocidad y la complementariedad tan distantes al mundo occidental. Y está probado por la historia que cuando los aymaras se proponen algo lo logran. ¿Qué le han enseñado a este periodista en la universidad? En vano insinúa este señor que el dinero venga de un país atlántico y de otro caribeño, el mismo que estaría llegando vía Bolivia. Estas insinuaciones o son males artes de un periodismo barato o frutos de la ignorancia. Creemos que su enfoque está en el uso de la desinformación y el chavetazo por la espalda, como lo están los de sus pares Jaime Bayli, Mónica Delta, Mario Saldaña, Jessica Tapia, María Teresa Braschi, Nicolás Lúcar y toda una cáfila de periodistas mercenarios que se encargan de echar basura todos los días al candidato Humala.
La lucha de los aymaras es justa por donde se le mire. El decreto supremo que da concesión de los territorios de los aymaras del sur (Yunguyo, Zepita) es anticonstitucional, por cuanto, la carta magna dispone que no se puede otorgar concesión minera a una transnacional a 50 kilómetros de la frontera. El D.S. está por debajo de la Constitución y solo puede ser modificado por el Congreso (no estamos hablando de cambio de Constitución). Los territorios en discusión están a mucho menos de esa distancia. Es más, existe jurisprudencia al respecto ya que una resolución del Tribunal Constitucional emitida en un caso similar dio la razón a las comunidades indígenas a fin de que sean consultadas antes de que una empresa minera, o petrolífera o gasífera pretenda explotarlas. Por otra parte, el Perú ha suscrito el Convenio OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales que obliga a los tribunales nacionales e internacionales a preservar el medio ambiente de estas comunidades y su derecho a ser consultadas adecuadamente para la explotación de minerales por parte de empresas de la misma nación o transnacionales. De eso se trata, Aldito, y no nos vengas con cojudeces.
Será por tal razón que el Congreso tiene un proyecto sobre el derecho de las comunidades a ser consultadas en tales casos, que el “presidente de todos los peruanos” Alan García, por razones que no sabemos, pero que sospechamos, aún no ha promulgado la ley. Creemos que estos argumentos periodísticos (no jurídicos porque no soy abogado) son suficientes para que la “Comisión de Alto Nivel”, en representación de nuestros gobernantes, solucione este problema generado por ellos mismos, lo más pronto posible.
La lucha de los aymaras merece el respaldo de todos los sectores de la Región Puno, tal como vienen recibiendo hasta el momento. Esperamos que los parlamentarios por Puno, el Presidente Regional (causante de la dilación de este problema por su falta de liderazgo y manejo de discursos contradictorios), así como las autoridades de los gobiernos locales, ayuden a solucionar estas exigencias promoviendo el diálogo de una verdadera Comisión de Alto Nivel con los dirigentes aymaras, que están pidiendo conversar y dar solución a este reclamo desde hace dieciséis días.
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